Sin funciones oficiales y sin ingresos conocidos, este contrato de arrendamiento, aunque legal, suscita dudas éticas y políticas que provocan controversia e indignación en el Reino Unido
Desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936 para casarse con Wallis Simpson resulta difícil hallar en la larga lista de polémicas de la Casa Real británica un episodio que desgaste tanto la legitimidad moral de los Windsor como el actual del príncipe Andrés, cuya renuncia al uso —que no al título— de duque de York evidencia su intención de aferrarse a cualquier resquicio de privilegio real y a su estatus de príncipe de cuna. Hoy, sin agenda oficial, el mayor símbolo de ese estatus es el Royal Lodge, su mansión de treinta habitaciones situada a unos 5 km al sur del Castillo de Windsor, cuyo alquiler no abona desde hace 22 años.
The Times ha obtenido una copia del contrato de arrendamiento firmado por el príncipe Andrés y el Crown Estate (el organismo que gestiona los bienes de la Corona) en 2003. En él consta que el hermano del rey Carlos III pagó un millón de libras para arrendar la propiedad y destinó 7,5 millones de libras a reformas. Desde entonces, el contrato fija un “peppercorn rent” anual, una figura legal británica que equivale a un pago simbólico (literalmente, un grano de pimienta y suele ser una libra), empleada para mantener la validez del contrato sin exigir un pago real.
Esto se explica porque el Crown Estate consideró que el príncipe abonó por adelantado todos sus “granos de pimienta” al financiar el acondicionamiento de la residencia en la que vivió la Reina Madre. Así, desde su entrada a vivir allí no paga el alquiler estimado en 260.000 libras anuales. De ahí que medios como The Times, Daily Mail o The Telegraph publiquen que el príncipe Andrés lleva 22 años sin pagar alquiler en una propiedad que es Patrimonio de la Corona —aunque gestionada por un organismo público independiente— y, por tanto, fuera del alcance del ciudadano medio.
Conviene subrayar que lo que hace el príncipe Andrés es legal: no paga alquiler anual por residir en Royal Lodge porque así lo pactó con el Crown Estate en un contrato sólido que contempla ese pago simbólico. El arrendamiento se extiende hasta 2078 y recoge que, si Andrés abandona la propiedad antes, el Crown Estate deberá reembolsarle medio millón de libras por las inversiones realizadas.
A la luz de las últimas informaciones sobre el príncipe —y dado que no desempeña funciones oficiales—, este arrendamiento, aunque ajustado a derecho, plantea interrogantes éticos y políticos que están encendiendo el debate en el Reino Unido. Revela que, aunque Andrés renuncie a usar el título de duque de York —pero no al título en sí—, así como a ciertos privilegios, otros permanecen intactos. Entre ellos, vivir en una mansión de 30 habitaciones en terrenos reales sin pagar alquiler.
No obstante, fuentes citadas por el Daily Mail apuntan que persisten dudas sobre cómo el hermano del Rey puede costear una propiedad tan vasta, cuyos gastos de funcionamiento ascienden a varios millones. Según las pesquisas del medio, no se cree que Andrés haya recibido herencias relevantes de Isabel II o de la Reina Madre, lo que abre nuevas preguntas sobre cómo puede permitirse seguir en la residencia, especialmente ahora que no recibe asignación personal del Rey ni financiación pública.
El asunto tiene otra derivada: el tabloide recuerda que “muchos de los problemas del príncipe Andrés, en particular los que lo acercaron a Jeffrey Epstein y a otros personajes controvertidos, podrían derivarse de perseguir un nivel de vida que sencillamente no puede permitirse”. Una conjetura respaldada por evidencias recientes que sugieren que Jeffrey Epstein pudo haber financiado a Sarah Ferguson durante al menos 15 años, mucho más allá del único pago de 15.000 libras que ella admitió públicamente.
Cabe recordar que Carlos III ha intentado convencer a su hermano menor para que cambie su lujosa residencia —catalogada como Grado II por su valor histórico— por otra más modesta de las disponibles. Sin ir más lejos, los príncipes de Gales, pese a su mayor rango y carga institucional, han ocupado residencias más sencillas para los parámetros reales. Pero el príncipe Andrés, con 65 años y un profundo apego a su estatus, se mantiene parapetado en un contrato de arrendamiento inamovible, y el Rey carece de base legal para expulsarlo.
